La organización Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que en nuestro país persiste la violencia contra las mujeres, en específico los feminicidios, además de que el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos lo colocó como una de las naciones más mortíferas para este sector de la sociedad.

Ello, aunado al enfoque adoptado por el gobierno federal en cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a migrantes.

En su Informe Anual para las Américas 2019, AI destacó que México “sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza”.

Sobre el tema de la libertad de expresión, la organización advirtió que México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en el 2019.

Amnistía Internacional también destacó que las autoridades mexicanas detuvieron a 186,750 migrantes en situación irregular y deportaron a 123,239. De los deportados, 98% procedía de Centroamérica, casi la mitad de Honduras. Además, en el 2019, Estados Unidos obligó a más de 59,000 solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer en territorio nacional mientras se examinaban sus solicitudes, un proceso que puede durar meses o años.

En este contexto, el gobierno de México mantuvo recluidos a unos 52,000 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de nuestro país.

“En su primer año, el nuevo gobierno adoptó un enfoque de las cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes. Además, tomó preocupantes decisiones respecto a la seguridad, incluida la creación de una Guardia Nacional formada principalmente por elementos militares”, señaló el reporte.

Asimismo, indicó que el arresto y la detención arbitraria aún son generalizados y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos.

“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían sin tener en cuenta los derechos de las personas detenidas. Entre otras cosas, no les informaban de los motivos de su detención. No se derogó la disposición constitucional que permitía la detención sin cargos (arraigo)”.

Agregó que en abril del 2019 una reforma constitucional amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión preventiva oficiosa (obligatoria), por lo que esta legislación impedía que los jueces evaluaran en cada caso la necesidad de la prisión preventiva y eludía la revisión periódica de la detención, con lo que violaban el derecho a la presunción de inocencia en los procedimientos penales.

En el caso de las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales, para la organización internacional todavía son motivo de preocupación, ya que los responsables “gozaban de una impunidad casi absoluta”.

Mientras que el número de desapariciones denunciadas aumentó a más de 61,637, hasta el 31 de diciembre, según cifras del mismo gobierno.

Por otro lado, la violencia de género contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada. “Las autoridades no investigaban esos delitos y los responsables rara vez comparecían ante la justicia”, indicó Amnistía Internacional.

Además, no se disponía de datos suficientes y actualizados sobre homicidios y violencia por razones de género.

El informe también señaló que el nuevo Ejecutivo federal adoptó un plan de austeridad que se aplicaba de forma estricta, lo que afectaba a diversos programas de gobierno. “Las primeras informaciones proporcionadas por profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil señalaban que estas medidas podrían poner en peligro el acceso a la atención médica de las personas, en particular de quienes vivían con VIH o cáncer”.

maritza.perez@eleconomista.mx