By Tiempo de Opinar
Raúl Hernández
-De 89, sobresalen 2
-Jueces protegen a Cabeza de Vaca
-Cámara de Diputados pide se les destituya
Tiempo de opinar
Raúl Hernández Moreno
8-mayo-2025
A paso lento, avanzan las 89 organizaciones que buscan obtener su registro como partido político. Pareciera que no les apura realizar las 200 asambleas distritales -de un total de 300- o las 20 estatales, de un total de 32, necesarias para alcanzar el registro. El plazo para completarlas vence en enero del 2025. Hay tiempo pues.
Somos México, en la que intervienen el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, apenas ha acreditado 29 asambleas distritales.
Construyendo Solidaridad y Paz, apoyado por militantes del desaparecido Partido Encuentro Social, llevan 31.
Estas dos organizaciones son las que presentan más avance, a ocho meses y medio de que se agote el plazo para completar las 200 asambleas distritales, que es el mínimo que les impone la ley.
Y son estas dos organizaciones las que tienen presencia en Nuevo Laredo, con Raúl López en el viejo PES y Gabriel Contreras en Somos México.
La ciudadanía decidirá si le da un voto de confianza a estas organizaciones o prefiere quedarse con los seis partidos con registro legal. Si se les autoriza como partidos, van a recibir dinero del gobierno y esto es precisamente lo que hace atractivo crear nuevos institutos políticos.
México debe eliminar la entrega de dinero a los partidos para que los directivos, sobre todo ellos, no reciban carretadas de dinero que utilizan como si fuera de ellos, y no una prerrogativa.
Mientras tanto, ha generado mucho ruido la queja-petición del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para que se destituya al juez del séptimo distrito, con cabecera en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López.
Dice el morenista que hay el riesgo de que antes de que tomen posesión los nuevos jueces, magistrados y ministros, el 1 de octubre, el citado juez emita una resolución inatacable que blinde indefinidamente al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al que la 4T le declaró la guerra desde finales del 2020 y no ha podido derrotarlo.
Gutiérrez Luna asegura que no solo Alvarado López sino también otros jueces como Faustino Gutiérrez, ya retirado, y Amalia del Carmen Fernández, secretaria ejecutiva del Consejo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal han concedido varios amparos a Cabeza de Vaca que han impedido su detención.
Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia, hay una orden de aprehensión girada en su contra, lo busca la Interpol, pero eso de que lo busca es un decir, pues el ex gobernador publica fotos en las redes sociales de las actividades que realiza al lado de su familia, en su refugio en Texas. Si en verdad lo quisieran preso, ya lo habrían hecho.
Es prófugo de la justicia y sin embargo goza de la protección de 36 guardaespaldas cuyos salarios cubre el gobierno de Tamaulipas. Es un privilegio que le regaló la bancada del PAN, antes de que dejase el cargo.
La decisión de destituir al juez Alvarado López corresponde al Consejo de la Judicatura Federal y no suena viable que éste acate la petición de la Cámara de Diputados. Los jueces son autónomos en sus decisiones y si estas fueron ejecutadas en base a prebendas y regalos, hay que demostrárselos. No basta con llamarlos corruptos, se necesitan pruebas que lo avalen.
