By Cuentas Claras
Javier Claudio
- Trasciende la alteración de cifras, pero sucede que “no se ven ni se tocan”
- – . El “hilo negro” en el caso Rivas Cuéllar, filtrado y detonado en domingo
- – . Observaciones de Contraloría para los Ayuntamientos, muchas ignoradas
Por Javier Claudio
Clarín. – La prensa del estado de Veracruz, pareciera figurar “oficialmente” como “conejillo de indias” ante la amenaza y el sometimiento como modalidad de control de la información por parte del Gobierno de la 4T. Bajo el marco de violencia política en razón de género es utilizado como herramienta jurídica para lograr el objetivo mordaza entre periodistas y medios. Lo que ayer trascendía y era desvirtuado por la autoridad de Gobierno emanado de Morena, hoy preocupa; dejó de ser un esbozo.
Claridades. – Los hechos ahí están. Aun cuando como réplica se diga carecen de sustento, pues en los últimos meses, ahí en Veracruz, al menos nueve periodistas han sido sancionados y enfrentan medidas de sanción como multas de hasta 10 mil pesos, el retiro de contenidos, disculpas públicas y la inscripción en registros de personas sancionadas. Hoy la mordaza contra la prensa tiene forma bajo un manipulado y “hechizo” criterio de la ley. Cierto; el que no está conmigo, está en mi contra.
Claro que sí. – En los últimos tiempos se ha tergiversado el periodismo con fines aviesos y escrupulosos, mayormente pagados, pero también se conoce en su mayoría quiénes son pese a que se camuflan en “bots” o falsos perfiles y demás engaños que han dado como libertinaje en las redes sociales. La ley contempla con claridad la aplicación de sanciones para estas irregularidades, entonces que se aplica lo que se tiene para corregir y no que se urdan formas y conceptos con el fin de cubrir oscurantismos.
Claroscuro. – Zarandeó la pasividad de un domingo familiar y retozón, la noticia de que el ex alcalde Enrique Rivas Cuéllar, en menos de 48 deberá atender una orden de prisión preventiva por el riesgo de fuga. Extrañamente fue filtrada la información emanada de un juez de control –en pleno día inhábil–, la que se difundió con una sorpresiva dinámica de la vinculación a proceso y cuyo supuesto delito tiene origen en la transacción de terrenos junto al río para la creación del World Trade Center.
Claro que no. – Que nada irregular quede en la impunidad, sería el “sueño guajiro” de todo buen ciudadano, dígase común y que de existir delito, que se aplique la ley, pero lo extraño de todo esto es la forma en que se dio el caso Rivas y peor aún que estamos más apegados a la impunidad que al derecho, pues bien sabido es que en la mayoría de los Gobiernos, son las finanzas las formas más usuales de disfrazar cifras y concluir en aquello de; “lo que entró, salió”. Clave al infle de todos los bienes y costos.
Aclarando. – Los detalles de realce sobre esto son; fue hace un año aproximadamente cuando Rivas Cuéllar promovió un amparo y con esto se supone que lo perdió definitivamente; el entonces gobernador Francisco Cabeza de Vaca es señalado como el artífice oculto de este aparente ilícito en torno a la fallida creación del World Trade Center junto al Bulevar Colosio; sobre este trinque abundó el fallecido regidor Jorge Valdez y la regidora Mónica García apoyó con un buen “trabajo campo”.
Clarificando. – Personas allegados al proceso penal que enfrenta Rivas Cuéllar, afirman que es muy seguro que esta continuidad del caso se llevará tiempo, lo que no es seguro es si volverá a ocupar a los mismos abogados, Hilario Molina y Ricardo Bustos, quienes cobraron entonces excelentemente bien, aunque les baja el ánimo que el ex alcalde es muy “agarrado”. No obstante, se conoce también que con toda facilidad podría pagar los 68 millones de pesos que es los que se centra la demanda en su contra.
Sabía usted que. – Regularmente las observaciones de la Contraloría del Estado o de la Federación a los ejercicios presupuestales a veces se mal interpretan y terminan en denuncias penales ante la Especial Anticorrupción, como así deriva el caso de Rivas Cuéllar. Todas las observaciones son producto de las cuentas públicas que se deben rendir trimestralmente, pero muchas son socarronería de los Ayuntamientos. De 10 observaciones solo se solventan 5, cuando mucho, 3 pueden derivar de información defectuosa y las otras 2 de raterías cínicas y desmesuradas. Aquí no se trata de robar poquito, sino mucho, luego se aprueban anualmente por el Congreso y en los decretos dejan a salvo el seguimiento de responsabilidades que se hayan determinado.
