By De Primera
Arabela García
La justificación de que “otros partidos están detrás de todos los movimientos” ya no es una defensa; es la confesión tácita de una ceguera política que se niega a atender la realidad del país. El caos no proviene de conspiraciones externas, sino de la aplicación selectiva de la ley y la desatención crónica a los problemas. En un destino que se escribe solo, las autoridades se limitan a mirar al cielo mientras el tejido social se desgarra.
El Cáncer de la Extorsión en la Ventanilla
La metodología de la desatención se replica con descaro en lo local. En Matamoros, el problema ya no son solo las multas irregulares, sino la sombra de la extorsión que se cierne sobre el sector privado a través de Control Ambiental. El envío de citatorios a dentistas y otros profesionales, bajo la excusa de regulaciones de manejo de desechos, no parece buscar el cumplimiento de la ley, sino el cobro de “cuotas” elevadas que, al final, “arreglan” cualquier incumplimiento.
Cuando los encargados de ejecutar la ley demuestran desconocer los artículos que exigen, la acusación de que el fondo es extorsión y no regulación se vuelve innegable. Preocupa que esta dinámica se mantenga bajo la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alberto Simone, sugiriendo que la dependencia llega con “garras afiladas” desde el inicio.
Esta misma dinámica de corrupción opera en el Registro Público de la Propiedad: un trámite que legalmente debería tomar diez días, puede acelerarse a un día si se paga una “bonificación” de cuatro mil pesos. Abogados y ciudadanos están hartos de ser obligados a elegir entre la paciencia infinita o el soborno. El mensaje oficial se ha pervertido: la ley no se aplica; se negocia.
El Sabor a Contubernio en el Granero Nacional
Las denuncias más graves escalan a la esfera federal, vinculando a funcionarios con gigantes de la industria de la masa y la tortilla, como Maseca y Finsa. El viacrucis de los agricultores del maíz, visibles en protestas como las de Guanajuato y Campeche, no es un capricho; es una exigencia de justicia.
Los productores denuncian que el precio por tonelada de maíz ofrecido (cercano a los $6,050 pesos) es insuficiente para cubrir sus costos de producción. Acusan directamente a los funcionarios de no cumplir los acuerdos de precios y de permitir que las grandes empresas y los acaparadores se queden con el verdadero negocio, mientras el campo está al borde del colapso.
El clímax de esta historia llega con el nombramiento de Altagracia Gómez, presidenta del emporio del maíz Grupo Minsa, como el enlace, anunciado al inicio de la Administración federal y la iniciativa privada. Si bien su capacidad empresarial es indiscutible, su posición genera un profundo conflicto de interés.
Esta situación evoca el fantasma de favoritismos y tráfico de influencias de sexenios pasados, como los que se señalaron alrededor de Martha Sahagún y sus hijos. El temor es que, bajo el manto del servicio público, se teja una red de negocios que beneficie a las cúpulas a costa del productor y del ciudadano.
El descaro con el que hoy se mueven el gobierno y el sector empresarial es un eco que confirma que, en política, piensa mal y acertarás. Es momento de dejar de buscar culpables externos y, en cambio, desmantelar las telarañas internas que han normalizado la extorsión local y el contubernio federal.
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