By · Con una visión de largo plazo que habrá de beneficiar, si o si, a la burocracia tamaulipeca, el Gobernador Américo Villarreal Anaya presentó la reforma al sistema de pensiones de Tamaulipas, pensando en evitar una crisis laboral y económica, pero que, jugando en un escenario político de tres bandas, ayudará a su proyecto en el proceso electoral de 2027 y en su propia sucesión en 2028.
No podemos olvidar los tamaulipecos que, a finales de 2022, el sistema de pensiones del IPSSET en Tamaulipas vivía una situación más o menos estable, en lo operativo, pero con alertas claras sobre su viabilidad financiera a mediano y largo plazo. En ese momento, a la llegada de Américo Villarreal Anaya a la titularidad del ejecutivo tamaulipeco, se podía percibir, una operación cotidiana del IPSSET sin crisis abierta.
En noviembre de 2022, el propio Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas organizó la credencialización de más de 9 mil jubilados y pensionados, un trámite que buscaba garantizar pagos mensuales y regularizar la documentación de los beneficiarios. Lo que daba señales que, hasta ese momento, el sistema continuaba funcionando y cubriendo sus compromisos con los jubilados sin interrupciones visibles.
Aunque en 2022 aún existían reservas acumuladas —con más de 3 mil 672 millones de pesos disponibles para el pago de pensiones—, estas estaban proyectadas para cubrir obligaciones solo hasta el año 2024, si no se llevaba a cabo una reforma estructural, lo que fue reconocido por las autoridades
Sin embargo, el Instituto urgía cambios profundos para no dejar a los jubilados y pensionados a la buena de Dios. Hacia finales del año 2022, el sistema ya enfrentaba lo que años después sería calificado como un desequilibrio estructural: la proporción de trabajadores activos por pensionado se había reducido significativamente, y las reservas financieras no crecían al ritmo que requería el aumento del padrón de jubilados y las expectativas de vida.
Antes de la reforma aprobada en 2025–2026, la Ley del IPSSET había sufrido cambios muy limitados desde 1984 y una modificación relevante en 2015, pero nunca había sido objeto de una revisión estructural profunda que atendiera el cambio demográfico y el estrés financiero acumulado, lo que amenazaba con una bomba de tiempo social de muy corto plazo, lo que ocurrió precisamente este 14 de enero de 2026, a iniciativa del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y con una visión de muy largo plazo que habrá de beneficiar a miles de trabajadores del sector público de Tamaulipas.
En política, pocas decisiones pesan tanto como aquellas que definen el cierre de un sexenio y, al mismo tiempo, preparan la sucesión y el futuro político y económico de una entidad. La reforma a la Ley del IPSSET en Tamaulipas no solo atiende un problema histórico de pensiones, sino que reacomoda las fichas dando certeza al futuro laboral de miles de trabajadores del sector público en Tamaulipas y, también abona, rumbo al 2027 y el 2028, y establece las reglas del terreno político que viene.
El gobernador Américo Villarreal Anaya entendió que el pasivo laboral no podía seguir siendo una bomba heredada al siguiente gobierno. Y tiene claro que resolverlo hoy implica algo más que una responsabilidad administrativa y política: significa quitarle a la oposición y a los propios adversarios internos uno de los flancos más sensibles del poder. En términos políticos, esta importantísima reforma para Tamaulipas cierra una avenida de desgaste antes de que inicie la carrera por su propia sucesión.
En este trascendental evento, la imagen del jefe del ejecutivo de Tamaulipas, acompañado por las dirigencias del SUTSPET y del SNTE, envía una señal contundente hacia dentro y hacia fuera del sistema político: hay control, hay diálogo y hay gobernabilidad. Y en un proceso rumbo a 2027, donde cualquier fisura sindical suele convertirse en plataforma de presión o negociación, el acuerdo anticipado con los principales gremios garantiza estabilidad y reduce la incertidumbre. Y todos estos elementos describen la capacidad política del mandatario tamaulipeco.
Sin duda, la arquitectura de esta reforma laboral, también tiene lectura electoral, lo que resulta increíble que no existiera. Para los trabajadores en activo —un segmento clave en la movilización y el voto duro— se respetan derechos adquiridos, edades de retiro y condiciones previas. Pero para las nuevas generaciones, se establecen reglas más estrictas y sostenibles, lo que traducido al lenguaje político significa que nadie pierde hoy, pero el sistema se ordena mañana. Esa ecuación política y laboral minimiza costos inmediatos y maximiza estabilidad en la recta final del sexenio.
Asimismo, no es menor que el mayor peso presupuestal recaiga en el gobierno estatal. Ese dato le permite al oficialismo construir un discurso potente rumbo a 2027: el Estado asumió su responsabilidad y no cargó la factura a los trabajadores. Y en campaña, esa narrativa pesa, y pesa mucho.
El respaldo público de los liderazgos sindicales, pues, no sólo valida la reforma; funciona como un blindaje político y neutraliza la posibilidad de movilizaciones, bloqueos o conflictos laborales en un periodo donde cada protesta se amplifica electoralmente y envía, además, un mensaje interno: la sucesión se jugará con estabilidad, y no con confrontación social.
Pero más allá de esta visión, la reforma al IPSSET también dejará una herencia. Quien aspire a gobernar Tamaulipas después de 2027 recibirá un sistema de pensiones ordenado, con reglas claras y viabilidad financiera, lo que redefine el debate electoral: ya no se discutirá cómo apagar incendios heredados, sino qué proyecto político quiere continuar, puede y sabe cómo administrar un estado con bases más firmes.
En síntesis, esta reforma impulsada por el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya no solo fortalece la previsión social, sino que fortalece la narrativa de gobierno, disciplina al aparato político y despeja el camino rumbo a 2027. Y es que todos los que le entendemos a la política, sabemos que en Tamaulipas, la sucesión no se empieza a jugar el año de la elección, sino cuando se toman las decisiones fundamentales que evitarán crisis futuras. Y el tema de las pensiones, hoy, ya no será un obstáculo en esa ruta de sucesión.
PD. 1. Un momento por demás interesante se vive en Venezuela tras la detención del ex presidente Nicolás Maduro Moro. El Gobierno de aquel país liberó a 14 periodistas en medio del lento proceso de excarcelaciones prometido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, bajo la presión de Estados Unidos. Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.
La presidenta interina, quien asumió el poder ejecutivo tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense en Caracas ordenado por Donald Trump, dijo que van 406 presos políticos excarcelados hasta la fecha.
Desde el palacio presidencial de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la mandataria venezolana afirmó que Venezuela se abre a un nuevo momento político. “El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya suman, 406 liberaciones”, señaló Rodríguez.
El tema deja más interrogantes de las que había en ese país, pero que bueno que los derechos políticos y de los periodistas están regresando en un país donde el autoritarismo era protagonista de la vida cotidiana.
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